Un tribunal español inicia la investigación criminal a seis ex funcionarios del gobierno de Bush por justificar las torturas en Guantánamo

BBC / Rebelión
31/03/09

Un tribunal español inició los procedimientos para la apertura de una investigación criminal a seis ex funcionarios del gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush por proporcionar justificación legal a supuestas prácticas de tortura llevadas a cabo en la prisión de Guantánamo, en Cuba.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envió el caso a la fiscalía para que decida sobre la idoneidad de la apertura de un proceso contra el ex fiscal general, Alberto Gonzáles, y otros cinco ex integrantes de la administración Bush.

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La querella criminal contra los ex funcionarios estadounidenses fue presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas de España.

Los querellantes alegan que los ex funcionarios violaron las leyes internacionales al proveer el marco legal que justificó la tortura de prisioneros en el centro de detención estadounidense en Cuba.

En la querella se nombra a altos funcionarios de la administración Bush, como John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero del ex vicepresidente Dick Cheney.

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Jurisdicción

Según le explicó a la BBC Philippe Sands, profesor de derecho internacional de la Universidad de Londres, los países signatarios de las Convenciones de Ginebra, como España, "tienen la obligación de ejercer su jurisdicción sobre cualquier persona que esté en el país de la que se sospeche haya participado en actos de tortura".

Según Sands, ninguna de las seis personas que figuran en la querella está en España, pero sí residían en ese país algunos de los presos de Guantánamo, dónde supuestamente se practicaron actos de tortura.

El jurista aseguró que "eso es lo que ha llevado al juez Garzón a otorgarse jurisdicción a raíz de la querella presentada por ciudadanos españoles y una ONG española".

El abogado Juan Garcés, quien en el pasado colaboró con Garzón, coincide con Sands en que "la ley española es muy clara en los términos de la jurisdicción para la persecución de crímenes contra la humanidad bajo los principios de jurisdicción internacional".

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Según le explicó Garcés a la BBC, "tanto España como Estados Unidos tienen la obligación de investigar alegaciones de comisión de tortura por parte de funcionarios públicos".

El abogado español explicó que bajo los principios de jurisdicción que se aplican en España, correspondería a los tribunales de EE.UU. la investigación.

"Sólo si esos tribunales no quieren perseguir el crimen, el tribunal español de manera complementaria, puede continuar con el proceso", aseguró Garcés

De seguir adelante el proceso, los ex funcionarios estadounidenses podrían llegar a ser arrestados y extraditados, según Philippe Sands.

"Si el caso siguiera adelante, la justicia española haría una petición de información sobre los individuos. EE.UU., como parte en la convención, tendría la obligación de cooperar y le quedarían dos opciones: llevar a cabo su propia investigación -algo que por el momento no han querido hacer- o bien extraditar a los individuos", explicó Sands.

Dilema

Según el jurista, este es uno de los asuntos más complicados a los que se enfrenta la administración de Barack Obama.

"Si la administración Obama llevara a cabo su propia investigación sería muy difícil justificar una investigación en España", aseguró Sands.

"Así que una de las consecuencias, si no la intención del proceso en España, es presionar al gobierno de Obama -que está dividido sobre esta cuestión- para que tome una decisión".

Juan Garcés, por su parte, señaló que no cree que detrás de este proceso haya motivaciones políticas.

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"No creo que Garzón siga una agenda política. Existe la obligación internacional de perseguir la tortura", recalcó Garcés.

Tortura

En la actualidad en Guantánamo hay recluidas unas 250 personas. 50 de ellas han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, pero no han sido liberadas, bien porque sus países de origen no los aceptan, o porque los abogados defensores temen que sus clientes sean maltratados al regresar a sus naciones.

Sólo 80 están en la lista de quienes Washington quiere procesar por supuestamente promover actividades contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

El resto está en un limbo jurídico, sin haber recibido información sobre qué acusación específica tienen en su contra.

El pasado enero una alta funcionaria del gobierno de George W. Bush afirmó en una entrevista con el diario The Washington Post que agentes estadounidenses torturaron en el centro de detención a un ciudadano saudita que supuestamente iba a participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan tiempo denunciando las técnicas de interrogación utilizadas por EE.UU. en Guantánamo, que según afirman incluyen actos de tortura contrarios a la ley internacional.

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El juez español Baltasar Garzón alcanzó notoriedad internacional cuando emitió una orden internacional de arresto contra el ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en 1998.

1 comentarios:

Rafael del Barco Carreras dijo...

EL JUEZ GARZÓN Y GUANTÁNAMO.


Rafael del Barco Carreras


Abril 2009. Para quien ha pasado TRES AÑOS en La Modelo de Barcelona, 1980-3, que un juez español investigue GUANTÁNAMO, ya no es que sea una ininteligible falacia, que merece profundos estudios psiquiátricos o sicológicos, a la par que sociales e históricos… por el olvido colectivo de una perversión propia de las peores cárceles del TERCER o ningún Mundo.

Garzón podría citar a todos los vecinos de unos 50 años de edad de alrededor del tétrico edificio que muchas noches, en masa, salieron al balcón gritando “asesinos, asesinos…” por los alaridos de los encadenados en LOS SÓTANOS DE LA QUINTA GALERÍA, perfectamente audibles. O consultar varios sumarios con “muertos”, verdaderos “asesinatos”, y como aun vivirán familiares y denunciantes… interrogar.

Él disfrutaría, porque en este sumario, no debería dictar un auto pidiendo la partida de defunción de FRANCO (habían pasado cinco años de su muerte), y aunque hayan muerto varios, el director CAMACHO (una verdadera bestia), viven de los que borrachos en sus guardias nocturnas se divertían torturando. Inmensas palizas…con muertos. En Barcelona eso lo saben todos los JUECES Y FISCALES de entonces, pero no buscan Guantánamos para montar numeritos… con olvidarse de lo sobreseído y archivado, basta. Preguntar al Presidente actual de la Audiencia, José Luis Barrera Cogollos, digno sucesor del de entonces Alfonso Hernández Pardo, con quien compartió Tribunal ESPECIAL (montado solo para ese caso "jueces contaminados") en el Juicio por el Consorcio de la Zona Franca, donde se me condeno a esos tres años pasados en prisión.

Las imágenes que tanto se han difundido de las especiales prisiones americanas son “infantiles” comparadas con lo que he vivido y visto… en una prisión rodeada de una CIUDAD que ya había votado PROGRESISMO SOCIALISTA, y que poco le importaba si allí había inocentes (que por las habituales torturas y sistema judicial los había muchos) o terroristas con decenas de muertos. 2.600 hacinados, y ríanse del “Expreso del medianoche”.

En www.lagrancorrupcion.blogspot.com reproduzco las páginas de “Barcelona, 30 años de corrupción” para refrescar la memoria con el propio relato del primer juez de Vigilancia Penitenciaria en Barcelona, el otrora gran amigo de Garzón, Gómez de Liaño, preguntándose que fue de aquellas denuncias.